Resumen

1. Es clave crear un mecanismo institucional para articular, alrededor del objetivo de crear capacidades para la generación de ingresos autónomos con proyectos de vida satisfactorios, la Renta Ciudadana, el incentivo para crear nuevos empleos formales y los mecanismos de impulso a la Economía Popular. 2. Las transferencias deben estar sujetas a condicionalidades y acompañamientos encaminados a la habilitación de condiciones para el tránsito a la generación autónoma de ingresos satisfactorios: asistencia escolar para los menores, formación para el trabajo para jóvenes y adultos, búsqueda activa de empleo formal o inversión productiva para los adultos. 3. El énfasis en la Economía Popular representa una gran oportunidad al traer la atención de las políticas a un segmento que genera más del 70% del empleo en el país (comparado con 30% en los países con baja pobreza). Pero puede ser contraproducente para la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad si se plasma en políticas que perpetúen las condiciones productivas que hoy caracterizan a ese segmento, al cual están vinculadas la vasta mayoría de personas con niveles de ingresos bajos y condiciones laborales poco dignas. 4. La Política de Trabajo Digno y Decente esbozada en el plan debe aterrizarse en mecanismos que de manera efectiva conduzcan a la generación de puestos de trabajo en esas condiciones de decencia y dignidad, lo cual puede ser contradictorio con incrementar los estándares para los trabajos que hoy sí cumplen con las condiciones de ley.