Resumen

Este artículo explora la relación que existe entre los mecanismos de participación ciudadana y la defensa del territorio en el marco de proyectos extractivos. Al hacerlo, se aproxima a los debates que se han llevado a cabo en la legislación nacional y la jurisprudencia constitucional en torno al derecho a la participación de las comunidades y su facultad para impedir que proyectos mineros se desarrollen en el territorio. Asimismo, aborda la discusión sobre la responsabilidad que tienen los Estados y las empresas frente a posibles vulneraciones a los Derechos Humanos de las comunidades. Lo anterior se examina a la luz del estudio de caso de la comunidad de la vereda El Resguardo en Tibasosa, Boyacá. Con el cual, se busca demostrar que, a pesar de ser una comunidad que se opone a los intereses mineros y que cuentan con el apoyo de las autoridades municipales, presenta dificultades para ejercer mecanismos de participación. Por eso, han optado por desplegar acciones pacíficas en defensa de sus territorios, como la instalación de unas bandeWras naranjas visibles desde distintos lados del municipio. Lo anterior, con el fin de demostrar la urgencia de establecer mecanismos de participación eficaces y eficientes que velen por los derechos de las comunidades.